El Pleno de la Real Academia de Ciencias de España (RAC) ha acordado en su último pleno, celebrado el 29 de abril, conceder la distinción de “Institución Protectora” a la Fundación Ignacio Larramendi (FIL), en reconocimiento a su “apoyo incondicional y continuado”.
La RAC y FIL llevan a cabo desde 2025 un proyecto estratégico de digitalización documental con el objetivo de ampliar el acceso público al conocimiento de la ciencia española. La iniciativa, inspirada en el principio de “preservar con rigor y difundir con generosidad”, contempla la financiación íntegra por parte de la FIL de la digitalización de diversos fondos históricos custodiados por la Academia.
Larramendi se
convierte así en la tercera entidad (tras la Fundación Ramón Areces y la
empresa Management
Solutions), en recibir esta distinción creada en 2020 para reconocer a aquellas
organizaciones que contribuyen de manera significativa al cumplimiento de los
fines estatutarios de la Academia, ya sea mediante aportaciones económicas o a
través del impulso de actividades alineadas con su misión.
El acuerdo incluye además asesoramiento técnico especializado en organización y tratamiento archivístico, así como medidas para garantizar el acceso abierto y gratuito a los materiales digitalizados tanto para investigadores como para la ciudadanía. Asimismo, la FIL colaborará en la optimización e integración del archivo digital de la RAC en grandes repositorios nacionales e internacionales, con el fin de reforzar la visibilidad y difusión del patrimonio científico español.
Sobre FIL
La Fundación Ignacio Larramendi, creada en 1986 por iniciativa del jurista y empresario Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano, fundador del Sistema MAPFRE, nació con el propósito de impulsar el conocimiento, la cultura y la cooperación institucional como herramientas de progreso social. Durante los 35 años en los que dirigió MAPFRE (Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Fincas Rústicas de España), Larramendi promovió un modelo de gestión basado en la responsabilidad social y defendió que empresas e instituciones destinaran parte de sus recursos a proyectos de interés público, con el objetivo de devolver a la sociedad parte de los beneficios obtenidos de ella.