La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC) ha propuesto en la ‘Declaración sobre la financiación y gestión de la investigación científica en España-2024’, una moratoria o “pausa precautoria” sobre la explotación de los fondos marinos y aboga por mejorar el conocimiento de los mismos.

En el texto que lleva por título ‘Retos y oportunidades de la ciencia española en una sociedad globalizada’, la Academia comparte la opinión de otros organismos como el Consejo Asesor de Ciencias de las Academias Científicas de los Estados Miembros de la Unión Europea (EASAC, por sus siglas en inglés), y destaca la necesidad de que antes de explotar los fondos marinos y de crear una minería submarina, se estudien primero las posibilidades de reciclaje y la disponibilidad de los recursos terrestres. Mucho de los minerales y metales que se necesitarán en el futuro están presentes, por ejemplo, en los móviles y en las baterías de los coches eléctricos y son aptas para su reciclaje.

Y es que, aunque reconocen las Academias que el debate sobre los yacimientos de tierras raras en las profundidades oceánicas ofrece una “gran oportunidad” para investigar en diferentes campos científicos y tecnológicos, avisa de que los ecosistemas de los fondos marinos más profundos son muy frágiles y todavía desconocidos, por lo que hay investigar la biota de estos medios antes de someterlos a explotación minera alguna. La movilización del carbono almacenado en la superficie de los fondos marinos puede, además, afectar al ciclo del carbono y acelerar el cambio climático.

Del mismo modo, la RAC advierte de que tampoco se conoce el efecto que puede tener la liberación en poco tiempo de toneladas de sedimentos sobre entornos a donde, los aportes naturales llegan en muy pequeñas cantidades. En este sentido, insiste en la importancia de priorizar el reciclaje de los materiales terrestres para minimizar potenciales impactos medioambientales generados por las futuras extracciones submarinas.

“Hay que conocer esos efectos e incentivar tecnologías para mitigarlos. En definitiva, es necesario trabajar hasta conseguir estándares científicos que garanticen la preservación ambiental de los ecosistemas abisales. Biólogos, geólogos, ingenieros, científicos del clima, oceanógrafos y otros tienen una gran tarea por delante y mucho que decir a este respecto”, enfatiza la RAC en su declaración.

El impacto ambiental de las aplicaciones de la IA

Por otro lado, un año más la Academia se ha vuelto a hacer eco de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto, centrándose en esta ocasión en la importancia que tiene en el sistema productivo, así como las consecuencias ambientales que tiene su uso. De hecho, se calcula que entrar una sola vez en GPT-3 (el sistema de IA usado por ChatGPT) consume 1.287 MWh, lo que supone más energía eléctrica que la que genera una planta nuclear en una hora.

Un dato llamativo que cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que sólo en enero de 2023 se registraron en todo el mundo 590 millones de accesos al ChatGPT, con un consumo estimado de electricidad equivalente al consumo anual de 175.000 personas. Del mismo modo, se está observando un aumento de los costes, lo que tiene implicaciones de sostenibilidad económica y de limitaciones de aplicabilidad, ya que, a juicio de la RAC, “la posibilidad de desarrollo en la frontera del conocimiento se restringirá cada vez más a corporaciones y organizaciones que puedan disponer de los medios tecnológicos, humanos y económicos”.

Otro factor que incide en el impacto ambiental de la IA es la elección del centro de datos, debido a que su huella de carbono depende directamente de su eficiencia y de su ubicación. Este último factor es, según la Academia, el más importante para la huella de carbono total debido a la gran variabilidad entre países. Y es que, por ejemplo, la emisión varía desde menos de 20 gCO2e por kWh en Noruega y Suiza, hasta más de 800 gCO2e por kWh en Australia, Sudáfrica y algunos estados de Estados Unidos.

Para optimizar el uso de los centros de datos, se está trabajando en el desarrollo de marcos de actuación y algoritmos que gestionen dinámicamente las cargas de los servidores, ajusten los sistemas de enfriamiento y optimicen la asignación de recursos para reducir el consumo de energía en los centros de datos.

“Aunque sea un asunto poco conocido, la realidad es que la IA tiene mucho impacto en gasto de energía y agua. Hay algunas fórmulas para aliviar el problema, como son los llamados ‘algoritmos verdes’, con beneficios de los que en la RAC ya nos hemos hecho eco en declaraciones anteriores. Otras opciones son reducción de memoria y complejidad computacionales y el aumento de la calidad de los datos a procesar”, recalca el profesor Esteban Domingo, vicepresidente de la RAC y uno de los autores de la declaración.

Adecuación de la ley de mecenazgo

Al mismo tiempo, en la declaración se destaca la importancia de aumentar los incentivos fiscales para el mecenazgo de proyectos de investigación que se vayan a desarrollar en centros públicos o como una colaboración público-privada; así como de reducir la carga burocrática porque, tal y como se advierte, “lastra” la solicitud, ejecución y evaluación de proyectos científicos.

Finalmente, la RAC insiste en la necesidad de garantizar en España la coordinación internacional para responder a los desafíos que plantea la ciencia básica, avisando de que hay un largo recorrido hasta acercarse no solo a una inversión en ciencia parecida a la de países del entorno sino a la eficiencia de su uso.

“Esta declaración como las anteriores responde al deseo de la RAC de pronunciarse sobre aquellos problemas sociales donde la opinión científica es decisiva. En su Declaración anual la RAC aborda cada año un foco especial. El objetivo no es otro que usar la experiencia de la RAC, que es una organización interdisciplinar e independiente, para prestar un servicio de opinión a la sociedad”, ha aseverado la profesora Ana Crespo, presidenta de la RAC.